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Nuevo artículo de Pep Puig en el blog 'patas arriba' (energías renovables)

Dilluns 11 Març 2013

Con el título 'La redes, ¿Quién las paga y quién las posee?: un caso evidente de abuso de poder', Pep Puig, presidente de EUROSOLAR España, publica un artículo en el portal Energías Renovables

Las redes, ¿quién las paga y quién las posee?: un caso evidente de abuso de poder.

Desde que se empezó a generar corriente eléctrica para proveer alumbrado, se sabe que entre la generación y la carga eléctrica final (que proporcionaba luz), debía existir un cableado que conectase la generación a la carga.  A partir de aquellos elementales circuitos eléctricos se crearon las redes de transporte y de distribución de electricidad que se fueron desarrollando a lo largo del siglo XX para hacer posible que las enormes cantidades de electricidad generada, en las cada vez mas potentes centrales eléctricas (primero con térmicas de combustibles fósiles e hidroeléctricas, luego con centrales nucleares), pudiera ser utilizada por  millones de usuarios de la electricidad. Hoy día las redes de transporte y distribución abarcan miles de km en cada país.

Mientras el sistema eléctrico se mantuvo regulado, las empresas, que operaban en régimen de monopolio, realizaban sus inversiones (en generación, transporte y distribución) que recuperaban a través de las tarifas que pactaban las mismas empresas con los gobiernos que las regulaban y que los usuarios religiosamente debían pagar.

Pero con la llegada de la denominada liberalización del sistema eléctrico (liberalización de la generación y de la comercialización), se han mantenido regulados el transporte y la distribución. O sea, los costes de inversión en las infraestructuras de transporte y distribución realizados por las empresas, continúan cargándose a los usuarios mediante los denominados peajes de acceso, que permiten la recuperación, por parte de las empresas, de las correspondientes inversiones.

Tanto en uno caso como en el otro, ¿qué pasaba y qué pasa con la infraestructura, una vez recuperada la inversión?. Pues la infraestructura continuaba y continúa siendo propiedad de las empresas, a pesar de que quienes siempre la han pagado han sido los usuarios del servicio eléctrico, bien a través de las antiguas tarifas, bien a través de los recientes peajes de acceso.

Este es un caso de evidente abuso de poder, tolerado, sino favorecido, por todos los gobiernos. Pues, ¿quien retiene la propiedad de las redes de distribución? Antes de la liberalización, los monopolios integrados verticalmente, generaban, transportaban y distribuían la electricidad y tenían la propiedad de todas las instalaciones. 15 años después de la liberalización, las empresas herederas de los antiguos monopolios aún mantienen la propiedad de las redes de distribución, a pesar de que han recuperado con creces las inversiones que habían realizado estando el sistema regulado. Y las nuevas inversiones en distribución, se les remuneran mediante los peajes de acceso, por lo que también recuperan las inversiones realizadas.

Hoy se da la paradójica situación que una empresa comercializadora y una generadora del mismo grupo oligopolístico se encuentran frente a frente en un mercado eléctrico, que se pretende libre. Y se mantiene la situación de que una empresa del mismo grupo es la que tiene la propiedad de la red de distribución, por la que circula la electricidad que genera otra empresa (del mismo grupo) y que otra empresa (de idéntico grupo) comercializa, con lo que se da una situación de claro abuso de poder frente a todos aquellos actores que no provienen de los antiguos monopolios, pues las empresas del grupo oligopolístico abusan claramente de la situación de privilegio heredada de cuando el mismo grupo era una sola empresa monopolista. 

¿Cómo superar la anómala situación actual en la que unas muy pocas empresas, utilizan su poder y sus privilegios para abusar de, y extorsionar, a la ciudadanía? Un elemento clave para romper esta situación de abuso de poder es la LUCHA SOCIAL para que las redes de distribución pasen a estar al servicio de la sociedad y dejen de ser propiedad de empresas de grupos oligopolísticos, pasando a ser de titularidad pública, que no tiene por que ser propiedad del Estado.

Además la POLÍTICA debería legislar una completa separación entre la propiedad de las redes y su gestión, permitiendo que  la gestión de las redes sea asumida por entidades que no tengan nada que ver ni con la generación ni con la comercialización de la electricidad. De este modo los gestores de las redes serían responsables ante la sociedad, cosa que actualmente no ocurre especialmente en las redes de distribución, propiedad de empresas pertenecientes a grupos oligopolísticos. Solo alcanzando este objetivo se conseguirá que las redes estén al servicio de la sociedad en su conjunto y no al servicio de unos pocos oligopolios cuyos intereses nada tienen que ver con los de la sociedad.

¿Como y cuando empezamos a poner las redes en su sitio?

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